ASPE informa a la CNMC de la posible existencia de más acuerdos anticompetitivos en el sector de aseguramiento de salud

ASPE, patronal de la sanidad privada, ha remitido un nuevo escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poner en su conocimiento la existencia de posibles nuevas prácticas anticompetitivas en el sector de aseguramiento de salud. En concreto, se pone en su conocimiento que la empresa denominada Desarrollos Hospitalarios, creada y controlada por Mapfre y Sanitas, podría constituir un nuevo caso de posición de dominio.

Ambas aseguradoras han anunciado recientemente la construcción en Mallorca del Hospital Portitxol. Desde ASPE se entiende que esta operación, así como la anunciada previamente en términos similares para la construcción de otro hospital en Barcelona, deberían estar sujetas a la obligación de autorización previa de la CNMC. La posición de la patronal de la sanidad privada se sustenta en que Sanitas y Mapfre superarían los correspondientes umbrales de notificación por volumen de negocios en materia de control de concentraciones según lo recogido en el artículo 8.b de la Ley de Defensa de la Competencia. Asimismo, cabe recordar que estas dos empresas son dos de los cinco principales operadores del mercado nacional de seguros de asistencia sanitaria. En concreto, Sanitas sería el segundo operador con una cuota de entre el 20% y el 30% y Mapfre el cuarto operador con una cuota cercana al 10%. Cabe recordar el estatus de este mercado en España, donde entre las cinco principales empresas del sector se concentra el 71% del mercado.

CNMC abre expediente contra el acuerdo Sanitas-Generali

Esta apertura de expediente surge de la denuncia realizada por la patronal de la sanidad privada en julio de 2023. Entonces, la patronal advirtió a la entidad reguladora que Generali había vulnerado de forma unilateral los acuerdos contractuales con los operadores de la sanidad privada al pactar entre ambas aseguradoras la gestión de los servicios asistenciales a sus 150.000 asegurados y el pago de estos, que pasarían a ser gestionados por Sanitas sin mediar negociación alguna.

Tras analizar la información a la que ha tenido acceso, la CNMC ha informado que “ha identificado indicios racionales de una posible infracción del artículo 1 de la LDC por parte de ambas compañías”. Señala, asimismo, que “investiga si las aseguradoras fijaron los precios y las condiciones comerciales o de servicio de las pólizas de todos los clientes actuales y futuros de Generali afectados por el acuerdo”. De forma adicional, indica que investigará “si existen cláusulas que podrían limitar la competencia entre ambas aseguradoras, ya sea en relación con ciertos clientes o en otros mercados ajenos al acuerdo«.

El acuerdo entre ambas aseguradoras ha propiciado una merma considerable en las remuneraciones que han recibido los centros hospitalarios desde el 1 de enero de 2023, fecha de entrada en vigor del acuerdo. En concreto, ha propiciado la reducción de un promedio de un 20% en la remuneración que pagaba Generali a los centros contratados.

La CNMC investiga ahora si Sanitas y a Generali han incumplido el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Éste recoge que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en, entre otros, la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”.

La patronal de la sanidad privada se vio obligada a acudir a estas instancias tras la negativa reiterada de las aseguradoras a sentarse a una mesa negociadora con los representantes de los hospitales privados. Desde que se conoció el acuerdo, en octubre de 2022, fueron reiterados los intentos de ASPE por negociar con Sanitas y Generali, pero estas empresas desdeñaron la posibilidad. Diez meses más tarde, la patronal se vio obligada a buscar el amparo de la CNMC.

El presidente de ASPE, Carlos Rus, afirma que “la apertura de este expediente demuestra que existen indicios que la denuncia se ajusta a derecho”. Ahora, Rus espera “una pronta resolución de la CNMC que subsane el perjuicio a los centros hospitalarios”. Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, reitera su opinión de que toda esta situación “no es admisible ni para los miles de asegurados de Generali que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales ni para nuestros asociados con concierto con Sanitas que se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles condiciones no acordadas, de forma contraria a la Ley, ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”.