La sanidad privada, abandonada por el Gobierno y sin compensaciones por las CCAA, ante la quiebra de multitud de centros sanitarios

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.

El sector se muestra enormemente preocupado ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.

Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes

El Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Sanidad, ha comprometido en este tiempo una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral. Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de ‘nueva normalidad’ con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.

Sin respuesta de Sanidad

El ministro Salvador Illa comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.

En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector.

Salvo el acuerdo de compensación ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de gobiernos autonómicos en los que se han solicitado contrapartidas. No obstante, las negociaciones avanzan, con distinto grado de progreso, en las conversaciones con los gobiernos de Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Valencia.

Una crisis con alto impacto económico

El impacto del COVID-19 en el sector privado de sanidad durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE. Este estudio analiza la actividad asistencial desarrollada y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.

El estudio se realizó sobre una muestra de 124 centros sanitarios que suponen el 27% de los hospitales privados y el 24% de las camas privadas existentes en este tipo de centros sanitarios, suficientemente representativa para establecer el impacto consecuente que ha tenido la COVID-19 en el sector empresarial de la provisión sanitaria.

Solo los 124 hospitales privados estudiados, asumieron el 16% de los pacientes diagnosticados (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536). En actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.

El impacto en la facturación varía en función de la comunidad autónoma analizada, siendo Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las comunidades que se han visto menos afectadas. La caída de facturación es menos acusada en estas regiones al haber tratado a un mayor número de pacientes de COVID-19 y al haber facturado actividad de compañías aseguradoras correspondiente a meses anteriores. Los centros sin internamiento han descendido durante este periodo su facturación más de un 85% de media respecto a la actividad ordinaria pre-COVID y los centros hospitalarios más de un 60%.

En cuanto a la contratación de personal, a pesar de las dificultades expresadas, el 89% de los centros contrataron nuevos profesionales durante la crisis.

Los hospitales participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 36,2 millones de euros. El 33% de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 28% a la compra de respiradores, el 12% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades, y el 27% restante a otras inversiones.

El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19, se ha incrementado un 71% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.